La LSSI es un peligro para Internet, pero eso ya le hemos dicho aquí¬ decenas de veces, no es una novedad. La novedad de hoy es que el Partido Popular parece aceptar esa afirmación y ha presentado en el Congreso de los Diputados quince enmiendas a la ley, entre ellas decide suprimir la dichosa expresión autoridad competente; para la eliminación de contenidos en la Red y decide sustituirla por la autoridad judicial. El texto completo de las enmiendas lo pueden leer en un enlace al pie de este artículo. Otras reformas que el PP ha pedido se refieren a la cuantía mínima de las multas, que quedaría suprimida, y otros aspectos polémicos de la ley pero superficiales. El PP también habría pedido la reforma del Código Civil y el Código de Comercio para la validez de los contratos electrónicos.

Lo he dicho de varias maneras y creo que la mayoría de los que nos oponemos a la LSSI estamos de acuerdo: ¿A quién importa que sea un juez o un funcionario el que esté legitimado y autorizado por el Estado para suprimir determinados contenidos? Y más cuando esos mismos contenidos no los suprime nadie en la calle ni en los periódicos. Supone que hay menos libertad de expresión en Internet en España que en España en la calle, es decir, supone un estado de excepción legal. Cada día me resultan más ridículos los principios contra los que los contenidos en Internet no pueden atentar. Puestos a hacer listas de contenidos prohibidos, ¿qué tal prohibir las mentiras de los políticos? ¿Qué tal si prohibimos que los políticos hagan insinuaciones injuriosas sobre los que se le oponen? ¿Qué tal si a las operadoras se les prohíbe llamar tarifa plana a la tarifa ondulada?
Lo curioso de la noticia es que, si se confirma, pone en evidencia la chapuza legal de la LSSI. Resulta que tras negar una y mil veces que la LSSI fuera ambigua en la salvaguarda de la libertad de expresión, el propio PP admite que lo es.

Pero a mí¬ me llama también la atención otro aspecto. El PP solicita la reforma del Código Civil y del de Comercio para la validez de los contratos electrónicos. Esto es ni más ni menos que admitir de una vez por todas y tras negarlo durante meses que la LSSI no sirve para nada y que lo correcto hubiera sido reformar las leyes que regulan el comercio, los contratos, la publicidad o los derechos del consumidor.

Esto es, ni más ni menos, que escribir negro sobre blanco que la LSSI pone como excusa el comercio para controlar la Red. Recuerden ustedes que cuando se presento al público la LSSI la ministra Birulés destacaba la importancia de esta ley ya que la ley pretende crear “un marco objetivo estable” para “garantizar la seguridad jurídica de aquellos que ofrecen servicios en la Red y para proteger los derechos de los usuarios”; (El Mundo) Ahora vemos que la ley en sí¬ no garantiza nada si no se cambian, también, las leyes que rigen lo que pasa en la calle y en los comercios de barrio. Algunos de los defensores de la LSSI, el denominado iuris prudente en los foros de IBLnews o los partidarios a la ley socios de la Asociación de Internautas utilizaban muy a menudo este argumento de que la LSSI evitaba el enojoso trabajo de reformar las leyes concernientes al comercio. Ya vemos que no es así¬ y seguramente habrá más leyes reformadas. [Actualización: por ejemplo la Ley General de Telecomunicaciones]

Este bodrio llegará a puerto gracias a la mayoría absoluta del PP, a la timorata oposición del PSOE y a las patéticas enmiendas de CiU (también ellos quieren controlar su Red). Yo estoy haciendo planes para cuando la ley se apruebe. Ya se los contaré con más calma.