Viene de El poder político no es Dios I.

Si todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener la posibilidad de optar por una forma de convivencia que tiene consecuencias jurídicas, sociales y económicas, de ahí que no sea indiferente que se llame «matrimonio» o «unión». ¿Por qué, entonces, esa insistencia en querer «equiparar» a personas del mismo sexo para el disfrute de algunos derechos y negarles la posibilidad de contraer matrimonio? ¿Por qué una figura jurídica civil, como es el matrimonio, debe estar inspirada por la religión católica, sobre todo cuando ésta no reconoce como «válido ante Dios» el matrimonio civil? Quizás porque es la forma de negarse a aceptar una realidad que, en el fondo, no aceptan.

Bien, Trinidad, siguiendo tu razonamiento (Si todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener la posibilidad de optar por una forma de convivencia que tiene consecuencias jurídicas, sociales y económicas, de ahí que no sea indiferente que se llame «matrimonio» o «unión») le he propuesto a mi madre que nos casemos, ya que Zerolo será igual que tú pero yo soy igual que Zerolo, no me lo negarás. Y mi madre es como Zerolo y tú, o sea, igualmente igual. ¡A santo de qué no puedo heredar su pensión y, lo más importante, heredar pagando menos impuestos un pisito cuando desgraciadamente nos deje en este mundo cruel! Si todos podemos optar o es todos o rompemos la baraja. Que alguien, por favor, me diga qué motivo cruel e inhumano provoca la intolerable discriminación de que mi madre y yo no podemos elegir un modelo de convivencia con consecuencias jurídicas, sociales y económicas cuando, encima, vivimos juntas desde hace años.

¿Por qué esa insistencia en querer equiparar sólo a las personas del mismo sexo con relaciones sexuales para el disfrute del matrimonio y no a cualquier combinación imaginativa de personas adultas con/sin relaciones sexuales? ¿Por qué la figura jurídica del matrimonio civil debe estar basada en las creencias del lobby gay y no en las diferentes corrientes de pensamiento que transitan por la sociedad cuando, encima, habéis abjurado del matrimonio toda vuestra vida? Quizá es porque os negáis a ver la realidad: si matrimonio es Zerolo y su novio, matrimonio es cualquier cosa.

He de puntualizarte también, querida Trinidad, que el matrimonio entendido como «Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales» es una definición de diccionario, es la tradición de más de 2.500 años de civilización occidental, no es una creencia católica ni siquiera cristiana. Es una constatación histórica y para cambiar algo que es el núcleo de la sociedad hace falta razones, no preguntas. La oposición al matrimonio homosexual en España ha sido desde todas las confesiones religiosas, excepto la musulmana, desde el Consejo de Estado, desde el Consejo General del Poder Judicial. Es una excepción en Europa, donde sólo existe en tres países más y con matices (por ejemplo, el derecho a la adopción sólo existe en Holanda) y es una rareza en el resto del planeta. De modo que es una manipulación por tu parte insistir en que es una rareza católica: en realidad es una rareza neoprogre insistir en equiparar las uniones homosexuales con el matrimonio.

La posición de la Iglesia católica en torno a este asunto ha sido, no sólo de rechazo, sino abiertamente beligerante. De hecho, en las últimas semanas, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamando abiertamente a los legisladores y funcionarios católicos a rechazar y no cumplir la ley que permite el ejercicio de dicho derecho. En este sentido, habría que señalar que la Iglesia católica no puede comportarse hoy día (eso pertenece al pasado) como un poder político, sino como una instancia moral y, en tal condición, tiene que respetar la autonomía de las autoridades políticas democráticamente legitimadas para decidir las reglas que ordenan la convivencia de una sociedad. Nadie le niega a la Iglesia el derecho a defender sus valores y a criticar lo que considera contrario a su moral, pero sí habría que recordar que no puede pretender imponer sus valores, porque ni todos los ciudadanos son católicos ni todos los católicos coinciden con las posiciones de la jerarquía eclesiástica. Y es que el logro para una convivencia pacífica entre el Estado y la Iglesia católica, y entre el Estado y cualquier confesión, sólo puede sustentarse sobre el respeto mutuo y el reconocimiento por ambas partes de sus respectivos ámbitos de competencias.

Insistes en identificar beligerancia (en guerra o en combate) con discrepancia. Ya vemos que te encanta hacerte la ofendida y vestir al oponente con armas y cuchillos. Querida Trinidad, los únicos beligerantes aquí sois vosotros que, a falta de un programa político serio y con presupuesto, os habéis empeñado en la revolución de las costumbres.

Querida Trinidad, tú no tienes ningún respeto por los derechos humanos y no te has leído la Declaración Universal de la ONU, acatada en la Constitución española: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». Desde tu propio partido, el PSOE, hay quien reclama coherencia con la propia fe, un tal Paco Vázquez, presidente de la FEMP y alcalde de A Coruña.

Desde tu propio partido, hay sectores que se echan las manos a la cabeza por vuestro afán de abrir melones.

Nadie le niega a la Iglesia el derecho a defender sus valores y a criticar lo que considera contrario a su moral, pero sí habría que recordar que no puede pretender imponer sus valores, porque ni todos los ciudadanos son católicos ni todos los católicos coinciden con las posiciones de la jerarquía eclesiástica, dices. ¿Me explicas cómo pretende imponer sus valores? ¿Hablando quizá? Porque lo único que ha hecho, tú lo reconoces en la frase anterior, es llamar a los católicos a oponerse, incluso con la objeción de conciencia. Es de cajón que lo harán aquellos que quieran y, por tanto, ¿dónde está la imposición? ¿No será que tú y tu partido queréis imponer vuestra visión del mundo y que todos nos callemos?

Si respetamos este principio básico de no colisión entre la esfera civil y la religiosa, pocos dudarán de que la Iglesia católica debe dirigirse a sus fieles, mientras que el Gobierno tiene que gobernar para todos los ciudadanos. El ordenamiento jurídico de un Estado democrático -en el que coexisten diversas concepciones sobre lo que es moralmente aceptable y valioso- no puede reflejar e imponer coactivamente una de las éticas existentes, sino sólo aquellos valores y principios básicos aceptados por la mayoría de los ciudadanos. En la sociedad actual los códigos morales vigentes no sólo son plurales, sino, incluso, cambiantes, por lo que los gobernantes democráticos deberán estar muy atentos a dichos cambios y adaptar nuestras normas de convivencia para asegurar el bienestar a esa mayoría. Una de las formas de prestar atención a los cambios que se producen en las convicciones éticas de la sociedad es proponer a los ciudadanos, en los programas electorales, modificaciones en el ordenamiento jurídico que, de contar con el respaldo de la mayoría, se llevarían posteriormente a efecto. Conviene subrayar aquí que una regla fundamental de la ética política es cumplir con los compromisos electorales.

Trinidad nos impone su modo de ver la política. Según ella, las convicciones y valores se deciden por votación, algo que sin embargo no está dispuesta a admitir cuando se produce en Argelia o cuando se produce en la Alemania nazi. ¿Y si esa votación se opone a los valores de la Constitución? ¿Y si esa votación decide anular la democracia? ¿Cómo sabe Trinidad Jiménez que los españoles le han votado para inaugurar las bodas homosexuales? ¿Tenía Aznar toda la legitimidad para apoyar la guerra en Irak porque tenía los votos? ¿Aplaudirá la derogación del matrimonio homosexual si otro partido es votado mayoritariamente?

Evidentemente, para cambiar la sociedad como hace esta ley, hace falta algo más que una mayoría simple, hace falta más democracia, por ejemplo un referendum que no han tenido el valor de convocar. Una iniciativa legislativa popular ya ha entregado más de 500.000 firmas para que el matrimonio sea sólo entre un hombre y una mujer. Una iniciativa legislativa popular no es simplemente buscar firmas y llevarlas ya que han de ser verificadas una por una en el Congreso. ¿Se atreve el PSOE a buscar esas 500.000 firmas verificables una por una para apoyar su ley? ¿Dónde están las manifestaciones multitudinarias pidiendo el matrimonio gay?

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los distintos grupos ideológicos y religiosos que concurren en la sociedad civil no son -desde el punto de vista de las ideas y valores que profesan- bloques monolíticos e inmutables. Existen dentro de ellos sectores conservadores e inmovilistas y sectores reformistas y dinámicos, sin que ninguno de los mismos (ni siquiera el sector oficial) pueda decir que representa el parecer de todos. Concretamente, en la Iglesia católica -que es una realidad mucho más amplia que la de su jerarquía- las posturas sobre problemas morales como los suscitados en torno a la guerra, la injusticia, el aborto, el sexo o la investigación científica, son muy variadas y están sometidas, dentro de ciertos límites, a los cambios que reclama la sociedad. Se incurre, por ello, en una simplificación susceptible de falsear la realidad cuando se dice que determinadas modificaciones legislativas ofenden a los católicos y, lo que es más grave, pretenden que éstos se enfrenten a las autoridades democráticas que deciden dichos cambios.

Y una gran simplificación es la que tú cometes en el párrafo anterior al envolverte en los votos «circunstanciales» a tu partido para deducir de ahí que la sociedad española apoya el matrimonio homosexual. En tu partido no hay unanimidad sobre el tema y, con todas las armas mediáticas del Estado a vuestro servicio, no tenéis claro el apoyo de la sociedad para vuestro proyecto. De forma que si la jerarquía no representa el sentir de los católicos, mucho menos representáis vosotros el sentir de la sociedad. En vuestro programa electoral iban muchos otros temas que no habéis ni empezado a aplicar, ¿por qué esa doble vara de medir? ¿Es ético cumplir los compromisos electorales sólo cuando no cuestan un duro?

La reforma que en el Código Civil se hace sobre el matrimonio -que supone una indiscutible innovación en materia de derechos civiles- podrá ser rechazada por los católicos que legítimamente opten por la conservación del orden establecido, pero con el límite que impone el deber de cumplimiento de lo que disponga el Gobierno y el Parlamento en el ejercicio de las atribuciones que les asigna la Constitución. Exigir, por ello, que se regule la objeción de conciencia para dejar en manos de algunos ciudadanos y autoridades el cumplimiento de una ley iría directamente en contra de la Constitución. El artículo 9º.1 de la Constitución recoge el principio de sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Se trata de un principio constitucional sobre el que no se puede establecer una excepción por ley ordinaria.

Je, je cuando existía el Servicio Militar Obligatorio ¿no estaban los llamados a filas sujetos al ordenamiento jurídico? Y, sin embargo, aprobabas y apruebas la objeción de conciencia frente al alistamiento forzoso. ¿Sólo hay derecho a la objeción si te parece bien a ti?

En todo caso, exigir que se legalice la objeción de conciencia para que determinados funcionarios públicos decidan sobre el cumplimiento de la función que les asigna una ley es una actitud difícilmente justificable en nombre de la conciencia. No sólo porque estamos hablando de una ley que no tiene un sentido restrictivo y, muy al contrario, amplía el ejercicio de un derecho que a nadie perjudica y a muchos puede beneficiar, sino porque la conciencia de un funcionario público debe estar informada por los valores de la sociedad democrática. A todo ello cabría añadir que, en el supuesto de la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo -y aún admitiendo que la misma se encuentra en contradicción con los valores que propugna la religión católica-, hemos de recordar que no todos estos valores están incorporados al ordenamiento constitucional. Si consideramos que la Constitución española afirma expresamente en su artículo 16.3 que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», llegaremos a la conclusión de que la objeción de conciencia al cumplimiento de la citada ley no queda amparada por el derecho a la libertad religiosa.

De verdad que es muy graciosa la forma de «argumentar» de esta mujer. O sea, sólo tienen derecho a objetar aquellas personas cuya conciencia coincida exactamente con los valores promulgados en la Constitución y nada más que en los contenidos en la Constitución. Entonces, querida Trinidad, ¿cómo es posible que el Estado haya reconocido legalmente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario en caso de aborto? Es patético que esta mujer se contradiga con la realidad de una forma tan obstinada. Supongo que o no sabe de qué está hablando o confía en que los lectores son ignaros. Cito a Rafael Navarro Valls: «El Tribunal Constitucional español ha dicho en su sentencia de 11 de abril de 1985 (fundamento jurídico 14): «la objeción de conciencia existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 de la Constitución». A su vez, la Constitución europea (aprobada por España en referéndum) expresamente reconoce la objeción de conciencia a nivel de derecho fundamental en el artículo II-70. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 9) y un largo etcétera de leyes y sentencias. Por ejemplo, el Tribunal Federal Norteamericano ha denominado a la libertad de conciencia «la estrella polar» de los derechos».

Cuando la jerarquía católica invoca determinados periodos históricos para justificar la resistencia al cumplimiento de la ley por considerarla «injusta», no sólo está desconociendo los distintos momentos en que ha tenido lugar (en el caso actual, su plena legitimidad democrática), sino que para que una ley pueda ser considerada, hipotéticamente, injusta tendría que lesionar o limitar derechos individuales. Y no es el caso que nos ocupa. Los derechos son siempre individuales y no puede haber apropiación de ellos de ningún grupo social, mayoritario o minoritario, sino garantías por parte de los poderes públicos para el pleno ejercicio de los mismos.

Trinidad, me alegro de que reconozcas, no sé si te has dado cuenta, que el aborto es una lesión o limitación de los derechos individuales, porque legalmente está reconocida la objeción de conciencia del personal médico. Esa definición de objeción de conciencia te la has sacado de la manga directamente. Para tu ilustración sobre el tema te remito a un post anterior en esta bitácora.

Es una pena que se escriban artículos tan endebles sobre temas tan serios. Es una auténtica pena que los políticos confíen en la pereza de los ciudadanos para documentarse y que en vez de razones esgriman eslóganes incoherentes. Y es realmente penoso que, encima, los textos sean tan largos.

Tuya afectísima, una ciudadana libre.