El Consejo de Estado ya ha hecho llegar al Ministerio de Educación su opinión sobre la Ley Orgánica de Educación y, en fin, parece que no es muy buena. A continuación, unos párrafos de la información tal como viene en El País.

El Consejo de Estado reprocha al Ministerio de Educación que entre los derechos y deberes del alumno redactados en la Ley Orgánica de Educación (LOE) «no aparece por ningún lado» el deber de estudiar, cuando debería figurar «el primero de la lista». El Consejo critica la reiteración «hasta la saciedad» de los elementos para la modernización del sistema educativo que desdibujan la necesidad de «construir sobre los valores esenciales y tradicionales» de la educación. Debería recogerse, dicen, el «fracaso» de los alumnos de secundaria en matemáticas, ciencias y lectura. Y concluye que «quizá hubiera sido deseable mantener en vigor, con algunas correcciones, la Ley de Calidad» del PP.

El Consejo de Estado aprobó ayer el dictamen (no vinculante) sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación y se lo envió a la ministra, María Jesús San Segundo. En el informe, según fuentes del ministerio, los consejeros lamentan que dicha ley no recoja un pacto de Estado sobre educación. Esa ausencia de consenso, dicen, puede convertir este proyecto en «uno más de los muchos que se elaboran» cada vez que hay un cambio de Gobierno. Por tanto, manifiestan «la desesperanza que para los españoles supone el mero hecho de tener que ajustarse cada breves periodos de tiempo» a la revisión «pretendidamente total del sistema educativo».

Muchos de los artículos de la nueva ley, dicen, «son simple reproducción» de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), del PP, y el nuevo texto tampoco logra refundir el resto de las leyes educativas existentes, por lo que «quizás habría sido deseable mantener en vigor la LOCE (con las correcciones pertinentes) para resaltar simbólicamente que no se está lejos de un modelo de Estado», afirma el dictamen.

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El dictamen del Consejo de Estado echa en falta una evaluación al terminar la educación primaria y cree que debería redactarse con total claridad con cuántas asignaturas repite curso un alumno. La fórmula elegida para redactar esto último, dicen, «lisa y llanamente, no tiene sentido gramatical».

En varias páginas se critica la ausencia de menciones a la «educación en el mérito», la «capacidad individual» y el «esfuerzo personal» del alumno, elementos que serán «el baremo por el que los estudiantes accederán al mundo profesional, laboral o adulto». No es tampoco del agrado de los consejeros que no se mencione expresamente el deber de estudiar de los alumnos. Se preguntan si estos valores son rechazados por el legislador o si seguirán teniéndose en cuenta.

Los consejeros hubieran preferido que el legislador fuera «más realista». ¿De qué manera? Mencionando las conclusiones «demoledoras» del Informe PISA «en cuanto al fracaso del sistema educativo español» manifestado por los alumnos de secundaria en matemáticas, ciencia y lectura. «Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad española», opinan.

Entre las conclusiones de carácter pedagógico que se vierten en el informe cabe destacar la incomprensión que suscita entre los consejeros el hecho de que la prueba de acceso a la universidad (selectividad) sólo evalúe lo aprendido en el último curso del bachillerato. A su juicio, eso solo servirá para «seguir rebajando, más de lo que históricamente se ha venido haciendo, el nivel de conocimientos necesarios para el acceso a la educación superior».

También opinan los consejeros sobre la diversificación curricular, una fórmula pedagógica utilizada en los últimos cursos de la educación secundaria obligatoria para aquellos alumnos que van rezagados para poder obtener el título en esta etapa. Se trata de simplificar el programa ordinario que estudia el resto de los compañeros para no quedarse atascados.

Convendría, dicen, aclarar si es la Administración central, regional o los propios centros, los que deben definir los contenidos de los programas para que la consecujción del título «por quienes normalmente no están en condiciones de obtenerlo pueda tener algún sentido real y no se convierta en una vía extraña o paralela de alcanzar el título al cual el alumno no es acreedor». Remarca el informe «la falta de previsión financiera» para estos programas, que dificultaría su puesta en marcha.

Añadido: Personalidades que forman parte del Consejo de Estado.