Este pasado viernes el Gobierno decidió cambiar la situación de financiación de la Iglesia. Aumenta el porcentaje que los contribuyentes pueden dedicar y elimina la partida complementaria que la Administración concedÃa para alcanzar el mÃnimo que ambas partes consideraban necesario para cubrir los sueldos de obispos y sacerdotes. También elimina la exención del IVA para adquirir objetos dedicados al culto, algo que la UE habÃa exigido.
El Gobierno anunció la medida sin avisar previamente a la Iglesia, que ni siquiera habÃa firmado el acuerdo. Por lo visto, se enteraron por la prensa. Como vemos, este Gobierno no es cuidadoso con la diplomacia, la cortesÃa ni siquiera la educación, aunque le sobre talante. Parece ser que la vicepresidenta MTFDLV dio un metafórico puñetazo en la mesa porque esta semana pasada salió en El PaÃs un editorial mordaz en contra de ampliar la financiación, lo cual puso a la vice sobre aviso de que en su departamento estaban filtrando a Prisa el contenido de las negociaciones y que Prisa estaba aprovechando para dinamitarlas.
La Conferencia Episcopal, cuando se le preguntó por el acuerdo no pudo decir gran cosa, claro, porque no estaba muy segura de lo que iba a ser. Asà que esperó pacientemente a tener el papel y entonces hablar.
Se mostró satisfecha con el acuerdo y nada más. Yo voy a comentar algo. En principio, eliminando ese «extra» que la Administración daba como suplemento a la asignación tributaria (un 4 por ciento de la totalidad del presupuesto anual de la Iglesia española como calculó AntonioT en un comentario) se evita la tonterÃa a la que se agarran los extremistas que quisieran mandar sobre el dinero de los católicos. En segundo lugar, la exención del IVA y la protesta de la UE se debe aclarar en sus términos. A la UE no le parece mal que se exima de IVA a la Iglesia, lo que le parece mal es que la UE asà deja de recibir parte del IVA recaudado por España.
En Portugal solucionaron el tema con la UE haciendo que la Iglesia pague el IVA normalmente y luego reembolsándoselo. Aquà simplemente se va a eliminar.
Es especialmente graciosa, en mi opinión, la postura de El PaÃs. En el editorial del 21 de septiembre, antes de que se firmara el acuerdo, se oponÃa frontalmente a una ampliación del porcentaje, para presionar. Luego, como ya se habÃa firmado y para evitar daños electorales a su Gobierno, se mostró a favor. Como ejercicio académico para mostrar las habilidades titiriteras de un periódico reproduzco ambos editoriales en el cuerpo extendido del post.
Solamente comparad el último párrafo del primer editorial:
El Gobierno puede tener razones para querer un acuerdo que satisfaga a la Iglesia y cierre este contencioso de años sin resolver el problema de fondo. SerÃa lamentable que lo hiciera sólo como precio polÃtico a pagar para que la jerarquÃa aflojara la presión que ejerce sobre el Gobierno.
Con el último párrafo del segundo:
El acuerdo comunicado ayer por Fernández de la Vega dista mucho de ser una especie de pax romana entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, aunque puede contribuir a que cambie el clima entre ambos. En cualquier caso, resulta sensato que Zapatero, que no tiene una relación fácil con la Conferencia Episcopal, haya alcanzado una nueva fórmula para la financiación de la Iglesia.
¿En qué quedamos? ¿Radical laicismo o pragmático electoralismo? En lo que no discrepan ambos textos es en mostrar a la Iglesia como la madrastra y a Zapatero como Blancanieves. la verdad es que estas cosas son para partirse.
Con respecto a la información dada por la Conferencia Episcopal, me esperaba un escueto comunicado en la web de la Conferencia Episcopal, pero me he llevado una gran alegrÃa al encontrarme un dossier informativo que acompaña a la noticia.
Es muy conveniente que la Iglesia obre con total transparencia en todo, fundamentalmente porque en la mayorÃa de las ocasiones tiene muy poco que ocultar. En los asuntos de financiación pública ha de ser extremadamente transparente, porque la realidad es que la Iglesia española es pobre – es absurdo no combatir la imagen de riqueza instalada en la opinión pública- y que al tener una fuente de financiación pública los contribuyentes tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero.
Todos los documentos del dossier son interesantes pero diré alguna información que echo de menos (quizá yo no la he buscado bien, en todo caso deberÃa estar en ese dossier) y que la Conferencia Episcopal deberÃa dar:
– Sueldo de sacerdotes y obispos
– Memoria justificativa que se entrega cada año en la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia.
Este último punto es especialmente urgente que se haga y no tendrÃamos que leer ni oÃr tanta tonterÃa. Por ejemplo, que la Iglesia financia la Cope con el dinero de la asignación tributaria. Que el Gobierno venda a la opinión pública que «ahora» va a exigir una memoria económica cuando esa memoria económica se viene exigiendo desde siempre es un malentendido que no hay que dejar circular. Hay personas extremadamente ignorantes que suman a su ignorancia la maledicencia y lo hacen tanto en blogs como en medios de comunicación. SerÃa deseable que la Iglesia española obrara con total transparencia, especialmente porque no tiene nada que ocultar y sus cuentas son revisadas por el Gobierno de turno.
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Impuesto católico
EL PAÃS – Opinión – 21-09-2006
Los católicos españoles, no ya sólo los meros bautizados, sino los practicantes, no manifiestan un especial entusiasmo por contribuir directamente al sostén económico de la Iglesia a través de su declaración de la renta (IRPF). Desde que se acordó esa fórmula en 1987, en sustitución de la asignación presupuestaria directa procedente del franquismo, impropia en un Estado democrático y aconfesional, el número de contribuyentes que opta por asignar un porcentaje de su cuota Ãntegra del impuesto a la financiación de la Iglesia católica desciende de año en año, de modo que no alcanza al número de fieles que cumplen con el precepto dominical de ir a misa.
El resultado es que los ingresos de la Iglesia católica por esa vÃa se quedan por debajo de la antigua asignación presupuestaria y no bastan para cubrir su actual nivel de gastos de mantenimiento, en especial los sueldos de obispos y sacerdotes. La Iglesia y sus organizaciones reciben del erario público unos 3.500 millones de euros por diversos conceptos, en especial como contraprestación por su acción social y a cuenta de la enseñanza en los colegios concertados de órdenes e instituciones religiosas. Esa diferencia viene siendo cubierta graciosamente por el Estado vÃa Presupuestos-unos 30 millones de euros al año-, a pesar de que la Iglesia aceptó en 1987 un periodo transitorio de tres años para autofinanciarse, algo que, evidentemente, sigue sin cumplir en 2006.
La Iglesia católica tiene un problema de financiación, pero, en lugar de combatir el desistimiento de sus fieles, mejorar sus sistemas de gestión y, en definitiva, establecer un nivel de gastos acorde con sus ingresos, lo que pretende una vez más es que se lo resuelva el Estado. Asà sucederÃa si la supresión de la subvención directa del Estado se compensara sin más con el aumento al 0,8 del actual porcentaje del 0,5239 de la cuota tributaria destinada a la financiación de la Iglesia. A todo esto, nada se sabe de sus ingresos a través de colectas en las iglesias o de las aportaciones más o menos voluntarias de sus fieles por servicios como bodas, bautizos y entierros. Estos ingresos deberÃan contar también en la mesa de negociación con el Gobierno. Pues el aumento del porcentaje de la cuota tributaria lo serÃa a costa de reducir aún más los ingresos fiscales globales, algo que no sucede, por ejemplo, en el modelo alemán de este impuesto, que repercute exclusivamente en el contribuyente confesional. Y dejarÃa abierto un portillo a futuras peticiones de aumento a cuenta, en definitiva, del erario público.
El Gobierno puede tener razones para querer un acuerdo que satisfaga a la Iglesia y cierre este contencioso de años sin resolver el problema de fondo. SerÃa lamentable que lo hiciera sólo como precio polÃtico a pagar para que la jerarquÃa aflojara la presión que ejerce sobre el Gobierno.
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El dinero de la Iglesia
EL PAÃS – Opinión – 23-09-2006
El Gobierno anunció ayer el acuerdo con la Iglesia católica sobre un nuevo modelo de financiación por el que se aumenta del actual 0,52% a un 0,7% la libre aportación de los contribuyentes a través de la declaración de la renta (IRPF), una décima menos de lo que pretendÃa la otra parte. La vicepresidenta Fernández de la Vega explicó también que el sistema prevé la supresión a partir de 2007 de la asignación presupuestaria que el Estado viene concediendo anualmente a la Iglesia desde 1987 para cubrir su déficit de gastos, y la obligación de ésta de pagar IVA en las operaciones de compraventa de bienes e inmuebles.
Que la Iglesia española se financie exclusivamente por la aportación de sus fieles es un paso histórico después de 27 años de un régimen transitorio y poco transparente que constituÃa una situación de privilegio y vulneraba la igualdad entre los españoles. Tal como ya se ha apuntado desde la Conferencia Episcopal, no está claro que el nuevo nivel de aportación se convierta en suficiente y evite en el futuro que la Iglesia vuelva a plantearse la obtención de nuevas asignaciones. Pero, en todo caso, no habrá ya compromiso alguno para que se complementen desde los presupuestos públicos las insuficiencias de autofinanciación. En cuanto al IVA, responde ni más ni menos que a una exigencia de la Unión Europea, en cumplimiento con las normativas comunitarias sobre las que la institución católica no es una excepción. Pero en este caso se ha evitado el apaño obtenido en otros paÃses de que sea el Estado el que se haga cargo de ingresar el impuesto.
El acuerdo es un paso importante hacia la autofinanciación de la Iglesia católica, que cumplirá asà el compromiso establecido en los acuerdos económicos de 1979 entre el Estado y el Vaticano y en los posteriores de 1987. La realidad hasta ahora ha demostrado ser tozuda y ha revelado que la Iglesia está lejos de poder sostenerse con la aportación tributaria de los contribuyentes. No tenÃan justificación alguna los argumentos de la jefatura católica para que el Estado garantizara su principal fuente de subsistencia para cubrir los gastos de mantenimiento, y en especial los sueldos de obispos y sacerdotes. En la fórmula ahora acordada, se echan en falta precisamente fórmulas más consistentes, como la de incentivar fiscalmente las donaciones individuales o de fundaciones.
El acuerdo comunicado ayer por Fernández de la Vega dista mucho de ser una especie de pax romana entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, aunque puede contribuir a que cambie el clima entre ambos. En cualquier caso, resulta sensato que Zapatero, que no tiene una relación fácil con la Conferencia Episcopal, haya alcanzado una nueva fórmula para la financiación de la Iglesia.
