De los tiempos aún próximos de hegemonía convergente, a los actuales, la situación se ha deteriorado en proporciones dramáticas. Dos factores merecen ser tenidos en cuenta. El primero, es terrorífico. En el 98, el jefe convergente acudió a un pretexto artificioso para silenciar a sus enemigos políticos. En el 2005, por el contrario, los argumentos son directamente ideológicos. CiU, PSC y ERC han iniciado un ataque concertado contra la cadena, alegando que éste difunde contenidos ofensivos para Cataluña, la convivencia y la verdad. Sobrecoge que puedan decirse estas cosas en una democracia. En una democracia, los límites a la libertad de expresión ha de ponerlos el Código Penal, no la interpretación que de la verdad o la convivencia tengan a bien hacer los agentes políticos. Que uno de los más locuaces sea Montilla, el guardián facultativo del espacio audiovisual, añade escándalo al escándalo.
Álvaro Delgado-Gal en el ABC.