Pongo aquí el enlace al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados con la intervención completa de José Luis Rodríguez Zapatero (PDF) sobre la huelga de hambre de los presos de ETA en 1990.

No sé qué es lo más alucinante: si la argumentación para defender que el Gobierno de Felipe González no cediera al chantaje terrorista o la condena que realiza del suicidio. Lo digo porque es el mismo político que coquetea con legalizar la eutanasia.

En aquel momento el debate era si se podía alimentar a la fuerza a alguien que quería matarse por huelga de hambre. No se debatía, como ahora, que un Gobierno excarcele a un terrorista por ponerse en huelga de hambre. Lo que pedían los presos del Grapo e intentaban conseguir, fijaos en la diferencia, es que se acabara con la política de dispersión, no que se les enviara a su casa.

A continuación, las palabras de Zapatero en 1990. Las negritas son mías:

De otro lado, el Grupo Socialista no puede eludir abordar la difícil situación promovida por la huelga de hambre de los GRAPO. Entendemos que los silencios a veces no contribuyen a la lucha diaria por la consolidación del Estado de Derecho, a no ser que esos silencios supongan tácitamente un apoyo a la política que en este área y en esta difícil coyuntura ha realizado el Gobierno de la nación.
El Grupo Socialista comparte la firme decisión del Gobierno ante un método de ataque al sistema democrático como es la huelga de hambre colectiva de los reclusos cuyo fin único es desatender lo que es, a nuestro juicio, la vía más acertada para una política de reinserción dentro del sistema penitenciario. Ese intento justifica que en el terreno político la posición del Gobierno sea firme.
Además, creemos que es acertada la posición del Gobierno y de la Dirección General de intentar evitar la muerte de estos reclusos que voluntariamente adoptan la posición de huelga de hambre. Lo es, en primer lugar (es una perspectiva que se nos olvida y que no ha sido reflejada en este debate), desde una posición humanitaria. Lo sería el hacer todo lo posible desde un poder público democrático, dentro de la legalidad, para evitar el mayor mal que se puede producir a la vida de un ciudadano. Lo es también, en segundo término, desde el punto de vista jurídico.
Manifestamos nuestra satisfacción porque dos audiencias provinciales han ratificado o avalado la posición del Gobierno. Creemos – en este extremo ha habido alguna afirmación de alguna de SS. SS. que no es acertada- que no existe un derecho a matarse, que no existe un derecho a suicidarse. No puede ser así porque los valores y el ordenamiento jurídico en su conjunto consideran el suicidio como un acto reprobable desde el punto de vista jurídico. Prueba de ello es que la participación en el mismo está penada,
No creemos tampoco que esa posición vulnere -se ha hablado en algún momento de inconstitucionalidad- el artículo 10.1 de nuestro ordenamiento jurídico ni la libertad de autodeterminación que todo ciudadano tiene en un Estado democrático, ya que en este caso la política que mantiene el Gobierno intenta evitar un mal mayor. A nuestro juicio, el acontecimiento que más degrada la condición delser humano es, obviamente, la muerte. Todo derecho a la libertad tiene sus límites, también el derecho a disponer de la vida de uno mismo, y esos límites están donde hay conflicto con otros intereses o con otros derechos.
En una situación de estado de necesidad es evidente que existe una obligación en muchos casos y, en otros, un derecho por parte de funcionarios, médicos y de la institución
pública, de evitar esa situación.