El pasado 25 de enero los medios de comunicación recogían de modos diversos, pero con un fondo común, el discurso de Juan Pablo II a los obispos españoles en su visita ad limina.
El Vaticano tiene un eficaz servicio de prensa que suele adelantar «embargados» los discursos del Santo Padre. Es decir, se ponen en poder de los medios previamente con la condición de no ser divulgados hasta que el Santo Padre lo haga de hecho.
Muchos medios no acuden a esa fuente -que supone leerse el discurso e intentar extraer algo noticiable- sino que directamente colocan el resumen hecho por las agencias.
Supongo que la unanimidad en la errónea interpretación del discurso papal viene por ahí: ningún medio se leyó el discurso. Así fue posible leer y escuchar a indignados comentadores que era el colmo que el Papa opinara sobre el Plan Hidrológico o que echara la culpa al Gobierno español del laicismo. No tiene disculpa desde el punto de vista profesional la chapuza que supone opinar sobre lo que no se ha leído.
Pero el colmo de la improvisación e irresponsabilidad lo volvió a poner el Gobierno español que se lanzó a hacer declaraciones sobre lo que el Papa había dicho sin que el Papa lo dijera. Para rizar el rizo, se convocó al nuncio, lo que en lenguaje diplomático es mostrar un profundo desagrado hacia el Estado convocado. Y todo ello, por decir las mismas cosas en esencia que dijo en 1998, en anterior visita ad limina de obispos españoles.
La diplomacia más antigua del mundo recomendó al Gobierno Zapatero leer el discurso y dio por zanjada la polémica mostrando su satisfacción por el diálogo.
Actualización:
Según El Confidencial Digital, la orden de convocar al Nuncio fue orden directa de José Luis Rodríguez Zapatero.
