Control mental y objeción de conciencia
Un par de párrafos del excelente artículo del filósofo Alejandro Llano.
En esas estamos. España se ha convertido últimamente -aunque la cosa viene de atrás- en campo abonado para cualquier intento de convertir el razonamiento más débil en el más fuerte. Es lo más grave de lo que nos está pasando. Nos encontramos en un atolladero intelectual, en un punto muerto de la cultura cívica, del que no resultará nada fácil salir. Sobre todo, si casi nadie se da cuenta de lo que ocurre, justo porque una de las virtudes de la confusión es que se oculta a sí misma.
Este control mental al que se ve sometida -sin sospecharlo quizá- buena parte de la población española lleva al conformismo de aceptar dócilmente planteamientos que resultan insostenibles en una sociedad democrática. La actualidad nos ofrece uno muy notorio: la acusación de que es ilegal la objeción de conciencia ante la aplicación de posibles ordenamientos jurídicos que repugnan al sano sentir de millones de ciudadanos.
Exigir que el objetor de conciencia se atenga a la ley positiva correspondiente es una trampa sofística que se llama «petición de principio». Porque aquello ante lo que objeta es justamente esa ley que -con sólidos fundamentos- él considera injusta. Lo que pasa es que otro aspecto clave de la confusión mental que nos aqueja consiste en no distinguir adecuadamente lo moral de lo jurídico. Llegar a pensar que todo lo que emana de la autoridad civil resulta justo y bueno, es el caldo de cultivo propio del Estado Ético de los fascismos. Algo de esto experimentamos ya los que tenemos cierta edad. En una sociedad libre, el ciudadano no está obligado a seguir las prescripciones del poder público cuando son contrarias a las exigencias de un orden moral reconocido universalmente durante largo tiempo. Todas las presunciones están en tales casos a favor del ciudadano que no se pliega a las desmesuras del poder político. Es lamentable que a los gobernantes se les ocurra inmiscuirse en asuntos que no les competen, al menos sin el acuerdo explícito de los afectados. Mas peor aún es que pretendan controlar sus mentes, para que no rechacen aquello que les perjudica en aspectos esenciales de la condición humana, como es el caso de la tergiversación de la índole propia del matrimonio y la familia.
Añado por mi cuenta otro planteamiento escandaloso que pude leer ayer. La pretensión de ilegalizar a la Iglesia española por no someterse a una especie de moral social que es la que debe imperar y fuera de la cual estamos proscritos. Desconozco si los que proponen tales idioteces, en nombre además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han leído alguna vez el texto. En ese texto, que encabeza este blog, se habla claramente de la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales y no se menciona en ninguna parte una especie de moral social o ética social que se instala en la mente de los ciudadanos. Efectivamente el franquismo ha dejado un páramo en la inteligencia, un páramo en las conciencias de los españoles. Un páramo que se muestra cada día más activo en el neoprogresismo que amenaza con sofocarnos a los demás. ¡A estas alturas y que quieran restaurar el Movimiento!
