Esos negros llegados de los arrabales del atlas son depositarios de un derecho anterior a cualquier legislación nacional o internacional, que es el derecho a defender su vida con uñas y dientes, el derecho sagrado a la supervivencia que con frecuencia solemos olvidar, enfrascados en otras consideraciones de orden más práctico. Y puesto que los ampara ese derecho inalienable, nos obliga un deber de tratarlos humanamente, procurándoles los medios que garanticen su subsistencia. Contra esta consideración de Derecho Natural no valen otras consideraciones de derecho positivo: antes que ilegales, o apátridas, o «sin papeles», o como queramos designarlos, son sujetos de un derecho que no conoce fronteras ni procedimientos administrativos, un derecho previo a toda forma de organización política que nos exige afrontar el problema desde presupuestos más elevados.
Hoy, Juan Manuel de Prada vuelve a acertar con la perspectiva. Es verdad que no parece casualidad que la cumbre hispano marroquí se viera «amenizada» por el asalto de la frontera en Ceuta y Melilla, más bien parece que la zorruna astucia de las autoridades de ese país aprovecha el hambre y la desesperación de esas pobres gentes para echarnos a nuestros pies un problema más. Pero, como decía Machado en Juan de Mairena, si decimos que hablamos del problema judío es que consideramos a los judíos un problema. Y si hablamos del problema de los inmigrantes, ¿no los estamos reduciendo a un problema cuando son seres humanos irrepetibles?
¿Cómo se gestiona una tragedia humana de este calibre? La firmeza y la violencia deben ser dirigidas hacia el auténtico responsable, no hacia los inocentes. ¿Se atreverá Zapatero a intimidar y poner en su sitio a las autoridades marroquíes?
