Estamos en Europa a ver quién es el Gobierno más torpe con
Internet. Pero por razones de cercanía geográfica me permitirán que me
centre en España, porque es lo que me atañe.
El día 30 de mayo el Parlamento Europeo aprobó una Directiva nefasta
para Internet como explicamos en estas páginas y contra la que pueden
firmar en español o gallego en el enlace que tenemos arriba y que dice
SOS privacidad. Pero el Gobierno español tomó el rábano por las hojas y
se decidió a ir un paso más allá y, a través del Grupo Popular,
introduce unas enmiendas que hacen a la LSSI una criatura todavía más
tenebrosa.
Parece que como ya no pintan oros en la Internet comercial y se ha
acabado la alegría puntocom, empieza la época de pintar bastos y vamos
a andar a trompazo limpio con los internautas.
Los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de
alojamiento de sitios web españoles tendrán que guardar durante un año
los datos de tráfico de sus usuarios. Tienen una explicación detallada
en estas páginas y les recomendamos que la lean antes de seguir.
El PP en un principio pretendía que los datos fueran accesibles a la
policía, ahora ha decidido que lo sean para jueces y fiscales. En
España los fiscales están sujetos a jerarquía, no son independientes en
su actuación, dependen del fiscal general del Estado y, al fiscal
general del Estado, en España, lo nombra el Gobierno. Cualquier
investigación que cualquier fiscal de España lleve a cabo puede ser
requerida por el fiscal general del Estado. ¿Se van aclarando por donde
voy?
Imaginemos que un periodista crítico con el poder es investigado
por la fiscalía. Sus datos de tráfico de Internet del último año serán
demandados y en ellos se podrán leer las direcciones de correo
electrónico de sus contactos, la frecuencia y duración de sus
comunicaciones, los sitios web que ha visitado, sus contraseñas de
acceso, sus nicks…
Este tipo de controles se impondrán en los sitios web alojados en
España. DesdeGalicia.com no esta alojada en España ni falta que hace,
añado. Ustedes saben que sus datos no serán revelados a terceros, ni
siquiera a los fiscales españoles. Otros muchos habrán de sacar sus
sitios web de España para poder decir lo mismo: sabia decisión de un
gobierno que dice apoyar la nueva economía.
El derecho a la intimidad no parece tener ninguna importancia para
el gobierno español y, he de reconocerlo, muchos españoles no tienen
ningún apego a su intimidad. Quizá por nuestra falta de sentido de lo
público y lo privado tenemos dificultades para entender que ni siquiera
en EEUU con las nuevas leyes antiterroristas han podido aprobar una ley
similar. En el Reino Unido proyectaban hacer una ley semejante pero el
Gobierno ha reculado ante la oposición de la opinión pública y de los
parlamentarios conservadores que seguramente tienen una idea más cabal
de lo que es un estado liberal que los parlamentarios españoles.
¿Tendremos que esperar unos cuantos siglos para alcanzar la sabiduría
política anglosajona?
