Ayer leí en los medios las noticias sobre que Garzón había pedido información a diversas instituciones para aclarar el paradero de los cadáveres de los represaliados por el bando franquista durante la Guerra Civil y el régimen posterior. Es decir, se iba a buscar el paradero de las víctimas con dos acotaciones: una temporal (Guerra Civil y franquismo) y otra ideológica (las víctimas del bando vencedor).

Por lo tanto, quedan fuera del afán esclarecedor del juez aquellas víctimas anteriores a la Guerra Civil (por poner un ejemplo, católicos asesinados por serlo durante la II República) y víctimas del bando republicano.

En segundo lugar, me llamaba la atención que se pidieran datos a la Conferencia Episcopal Española, institución que no existía en los años 30, 40 ni 50. Es bastante común entre los legos confundir Iglesia católica con Conferencia Episcopal, pero que un juez versado en leyes pregunte al PSOE (un suponer) por las cuentas del Banco de España sería un despropósito similar a éste. Que un socialista esté al frente del Banco, no hace del Banco de España una sucursal del PSOE. Que la Conferencia Episcopal esté formada por los obispos españoles, no le hace la centralita de las diócesis españolas. Si quiere ordenar el registro de las parroquias, ha de dirigirse a su superior: el obispo.

En tercer lugar, es irracional que Garzón piense que en las parroquias hay información sobre los asesinados en cualquier bando. ¿Piensa que los asesinos de los desaparecidos fueron a informar al cura párroco de la fecha, lugar e identidad de sus represaliados? Imaginemos la escena: Madrid 1939, entran las tropas nacionales en la capital y, tras buscar infructuosamente a un párroco (todos huídos o asesinados), se traen a alguno por la fuerza desde Mansilla de las Mulas (León) y le ponen a dar fe de a quiénes se cargan y dónde los entierran, apuntando en libros parroquiales quemados previamente por los milicianos, pero recuperados milagrosamente. Que no se entere ni el mando militar, pero que sean recogidos los datos escrupulosamente en los libros parroquiales, cuando ni siquiera se les da cristiana sepultura.

Hoy hay dos editoriales sobre el tema: El Mundo y El País. El de El Mundo en contra:

A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales. La realidad es que, entre sus viajes a Latinoamérica para denunciar los crímenes de las dictaduras, sus conferencias, sus libros y la realización de documentales, apenas le quedan ya horas para realizar su trabajo. Seguramente por eso ha sido incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA, no tuvo tiempo de transcribir la cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M y ha dejado enormes lagunas en casi todos los sumarios que ha instruido.

El de El País, a favor sin argumentos:

Además de alegar la prescripción en virtud de la amnistía de 1977, la fiscalía señalaba que las muertes denunciadas ante Garzón fueron consecuencia de delitos comunes, sobre los que la Audiencia Nacional no tiene competencia. Como tampoco la tiene sobre los crímenes contra la humanidad, que deben ser juzgados en los lugares donde se cometieron los hechos. La vía emprendida por Garzón concede cierta validez a estos dos últimos argumentos, al enmarcar la providencia dentro de la decisión sobre su competencia. Pero sólo para forzar que el Estado realice a instancias de la Audiencia Nacional lo que, incomprensiblemente, no ha hecho hasta ahora por impulso político: elaborar un censo de desaparecidos bajo el franquismo.

¿Censo de desaparecidos con estos métodos? No soy historiadora, pero me da que la información sobre desaparecidos de ambos bandos es un trabajo que necesita de los testigos vivos de la época, de archivos de partidos políticos, sindicatos, organismos como el TOP, Guardia de asalto, Guardia Civil… no de los ayuntamientos ni parroquias ni de la intervención de un juez.

Jueces para la Democracia, la asociación de jueces de izquierdas, dice en su nota de prensa:

Jimeno señaló que la iniciativa del juez no tiene «ninguna salida» desde el punto de vista jurídico. A su juicio, es «evidente» que la Ley de Memoria Histórica «tiene lagunas», pero estimó que no deben ser resueltas por el Poder Judicial, sino por «el Ejecutivo», en «el propio ámbito político».

En mi opinión, debería respetarse la voluntad de olvido de ambos bandos tras la muerte de Franco o decidir que ya está bien de olvidos y acometer una labor de esclarecimiento histórico, al margen de los políticos, en el ámbito de los historiadores, con atención a los dos bandos. No olvidemos que fue una guerra civil, no únicamente un pronunciamiento militar.