¿Adocenarte? ¿¡ Tú.. del montón UNAV !?

Perdonad si voy a ser un poco brusca, pero cuando se meten con mi alma mater sólo por jorobar o por ignorancia, se me revuelven las tripas. Ayer, en Religión en Libertad, que va dentro de Libertad Digital, publicaban que la Universidad de Navarra va a dar un curso de perfeccionamiento sobre Educación para la Ciudadanía.

Hoy ya viene la pieza bloguera, que firma un tal Isaac García Expósito, en la que acusa -no sé por qué- a la Universidad de Navarra, por contemporizar con el Gobierno del PSOE al dar ese curso. Los comentarios son que la única salida es objetar y que la Universidad de Navarra debería objetar, no dar el curso.

Yo no sé en qué punto hay gente que se ha perdido en el razonamiento, pero objetar, sólo pueden objetar los padres y los jóvenes. NI LOS COLEGIOS, NI LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE UNA UNIVERSIDAD pueden objetar. Eso para empezar.

Para seguir, la multiculturidad, los derechos humanos, la globalización son temas dignísimos e interesantísimos. Lo que ocurre es que en la EpC se impone la versión zapatera de esos temas y es sanísimo que los profesores -a quienes no les queda otra solución que dar la asignatura, porque repito, no pueden objetar- los den con fundamentos racionales, ni siquiera de fe sino sabiendo de dónde viene y a dónde va el relativismo que el PSOE intenta vendernos.

Y, en tercer lugar, que estoy un pelín cansada de gente que se dedica profesionalmente a señalar con el dedo todo lo que le parece que hace mal cualquier católico. Hay una inflación tal de comentaristas religiosos en Internet en España que cualquiera diría que las iglesias están llenas. ¡Qué aburrimiento!

Actualización: Pongo a continuación la nota que la Conferencia Episcopal publicó sobre la EpC.

II. “Educación para la ciudadanía”

11. La LOE ha introducido en el sistema educativo español una nueva asignatura obligatoria, conocida como “Educación para la ciudadanía”, cuyo objetivo, tal como resulta articulada en los Reales Decretos, es la formación de la conciencia moral de los alumnos. La publicación de las correspondientes disposiciones de las Comunidades autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ése es el objetivo de la nueva asignatura.  En nuestra Declaración del 28 de febrero expusimos los motivos por los que tal disposición implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la Constitución Española (art. 27, 3). El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” de la LOE –tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta “Educación para la ciudadanía”. Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable.

12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre “Educación para la ciudadanía” han causado una creciente y comprensible preocupación en los padres de alumnos. También han puesto en dificultades a los centros educativos. Por un lado, los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que –según el actual currículo– no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: “ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra” (Declaración de 28 febrero).

13. En esta situación, se han planteado muchas dudas acerca del modo adecuado de responder a tal desafío. En nuestra Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos  puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social.

Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos –y los católicos, en particular– debemos mostrarnos unidos en su defensa.

Confiamos de nuevo a María, Madre de la Iglesia, la tarea de todos los educadores, en particular de los padres y de las escuelas.