El Derecho de defensa de la competencia, tanto nacional como comunitario, encarga a las autoridades vigilar aquellas fusiones y adquisiciones de empresas que puedan obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado. Mediante un sistema de notificación y un procedimiento administrativo reglado se busca evitar que esas operaciones puedan atenuar gravemente el funcionamiento competitivo de los mercados. Pero la reciente intervención de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en dos operaciones de concentración en los mercados españoles de la televisión privada (en abierto y de pago) es una ilustración clara de la decepción y frustración a que puede conducir el control administrativo de las concentraciones empresariales y de su dudosa contribución al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.