En las últimas horas se han ido agolpando las noticias sobre la LSSI y los males que intuíamos se convierten en realidad. Varios sitios web ya han anunciado su cierre, otros han decidido, como E-listas, irse del país de la LSSI a California, hay decenas de emprendedores pensando en abrir una oficina en Delaware, donde domiciliar su empresa para evitarse tanto engorro intervencionista, algunos ISPs españoles cambian el objeto social de sus empresas para saltarse la retención de datos.
Los males mayores de la LSSI son contra la privacidad y el derecho a la información, pero aquello que interesa a este gobierno y que también ha
hecho rematadamente mal es legislar sobre la economía digital. Con la LSSI se la va a cargar. Como ejemplo de lo que estoy diciendo les comento un caso real que he conocido esta semana a través de la lista de Libertad Digital.

El artículo 9 de la LSSI dice lo siguiente:

Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos, o a aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, al menos, un nombre de dominio o dirección de Internet que, en su caso, utilicen para su identificación en Internet, así como todo acto de sustitución o cancelación de los mismos, salvo que dicha información conste ya en el correspondiente registro.

No inscribir los nombres de dominio es una falta leve que puede acarrear una multa de hasta 30.000 euros.

Un ciudadano, Julio Encina, llamó esta semana pasada al Registro Mercantil de su ciudad para informarse de los trámites que tenía que realizar para inscribir varios dominios que posee la empresa para la que trabaja. Después de que el empleado del Registro le tuviera varios minutos al teléfono, se supone que consultando con sus superiores qué había que hacer, el funcionario le dijo que debían ir al Registro con las escrituras de constitución de la sociedad y pagar 85 euros por cada dominio que quisieran incluir en el registro. Julio Encina comentaba:
«Me asaltan las dudas: ¿Por qué 85 euros y en concepto de qué?, ¿sólo se registran los dominios que se utilizan o los que no también?, ¿si ya
existen empresas y organismos que se encargan de certificar que un dominio pertenece a un registrador o empresa en concreto, por qué hay
que hacerlo ante el registro mercantil y cómo verifican que el dominio que quieres registrar te pertenece y no pertenece a otra persona???»
Pensemos que hay sociedades que tienen más de 100 dominios, ¿echamos cuentas de cuánto puede suponer de coste económico este artículo
superfluo y burocrático?
Sobre la economía digital quieren aplicar las mismas políticas del fielato de nuestros abuelos: primero paga y luego intenta ganar para pagar los impuestos. ¿Qué conseguirán? Lo que ya ha empezado a suceder, el exilio digital de tantas empresas que no están dispuestas a que les penalicen por querer innovar y hacer negocios en Internet. Otras, que ni siquiera tienen lo suficiente para marcharse de España, simplemente echarán el cierre.

Unos animales son más iguales que otros

Como esta ley es una especie de cajon de sastre en la que lo mismo se habla del registro mercantil que de la retención de datos, hay tantos aspectos perniciosos que no me quiero dejar el último que ha revelado Libertad Digital. Resulta que la enmienda introducida por Esteban González pons para retener los datos de tráfico de los internautas españoles venía inspirada directamente por Bush. El presidente de la AUI decía esta semana pasada: «La improvisación en cuanto a la aplicación de la LSSI y la contradicción mostrada por el MCYT que primero abre el anteproyecto a la discusión y debate público, presentando un documento de consenso con el que estábamos de acuerdo y que luego, aprovecha su mayoría política para hacer lo opuesto introduciendo medidas de gran calado sin dar la oportunidad de opinar al respecto nos hacen ser muy escépticos sobre las verdaderas intenciones del Ministerio».

A buenas horas, mangas verdes. Cuando ya has metido al zorro dentro del gallinero es cuando te das cuenta de que tiene rabo.

Desde el principio, el debate sobre la LSSI fue una mera excusa publicitaria del Ministerio. No estaban dispuestos a debatir nada ni a aceptar enmiendas, bueno, sí, pero no precisamente de los internautas españoles sino de una potencia extranjera que no ha conseguido aprobar en su país medidas tan restrictivas de los derechos civiles como la LSSI

First of all, under United States law there is no similar obligation for data retention by telecommunications companies. US federal law recognizes a need to preserve data once a particular investigation is underway, but it does not create a general obligation for communication carriers to retain records on customers that are no longer required by the carriers. President Bush is asking European governments to impose
obligations on European companies that would not be imposed on US companies.

Primero de todo, bajo la ley de Estados Unidos, no hay una obligación general de retención de datos para las compañias de
telecomunicaciones. La ley federal americana reconoce la necesidad de preservar los datos una vez que hay una investigación particular en marcha, pero no crea una obligación general a los carriers de comunicaciones de retener datos de los clientes que no son necesarios para los carriers. El presidente Bush está pidiendo a los gobiernos europeos que impongan unas obligaciones a las empresas europeas que no impondrá a las empresas americanas,

(de la carta que EFF envió a la presidencia europea el 12 de noviembre de 2001)
Los ISPs americanos no tienen obligación de retener los datos, a no ser que haya una investigación criminal en marcha. La retención de datos aprobada en Europa abre a la NSA los datos de todos los ciudadanos de la UE.
En su trabajo diario, la NSA sólo tiene una restricción legal: que su espionaje no afecte a ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, si espía
a los de cualquier otro país, no está incumpliendo ninguna ley de las que regulan su funcionamiento.
Es decir, Aznar entiende muy bien que los ciudadanos americanos tienen unos derechos que nosotros no tenemos. Vamos de 1984 a Rebelión en la Granja sin solución de continuidad: algunos animales son más iguales que otros. No sabemos que es peor, si tener unos gobernantes malvados o simplemente tontos.